Amnistía Internacional considera que la detención de la jueza María Lourdes Afiuni Mora el pasado 10 de diciembre de 2009 es un caso de indebida interferencia política por parte del ejecutivo. Su detención vulnera los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia del Poder Judicial, adoptados en 1985, que determinan que “[l]os jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad...sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”.
La jueza Afiuni ha sido acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir”. Su detención se produjo horas después de haber emitido una orden de libertad condicional a favor del banquero Eligio Cedeño. Decisión que se encontraría dentro de su competencia y se ajustaría a las leyes venezolanas que establecen que nadie puede estar detenido a la espera de juicio más de dos años.
La orden de libertad condicional dictada por la jueza en diciembre de 2009 fue condenada públicamente por el Presidente del Gobierno Hugo Chávez. Un año después, Fiscalía General de la República no habría presentado ninguna prueba fehaciente para sustentar los cargos en contra de la jueza Afiuni.
Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por las consecuencias que este caso pudiera tener en la disposición que puedan tener las y los jueces de Venezuela a extender a todas las categorías de procesados, los beneficios y salvaguardas contempladas en la constitución y las leyes de Venezuela, asi como en los convenios internacionales de los cuales Venezuela es parte. El temor de las y los jueces a la falta de aceptación de sus decisiones por parte del Ejecutivo y otras instancias del Estado venezolano y las posibles consecuencias que esto podría acarrear, podría afectar la realización de los derechos humanos de la población y la capacidad de los procesados, víctimas y familiares de posibles abusos a los derechos humanos, a obtener justicia y reparación bajo claras normativas preestablecidas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, han insistido que “se ponga a la Jueza Afiuni en libertad inmediata e incondicional” y que “[l]as represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”, en palabras de estas instancias de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2009.
Preocupa asimismo a Amnistía Internacional que la encarcelación preventiva de la jueza Afiuni en instalaciones en las que se encuentran reas que habrían sido condenadas por ella, pondría a la magistrada en situación de riesgo, y constituiría un castigo cruel, inhumano y degradante, por el prolongado temor a sufrir lesiones graves o muerte. Temor fundamentado por las constantes amenazas e intentos de atentar contra su integridad física, que hasta la fecha habría denunciado la jueza y que al parecer, continúan sin ser debidamente investigados; así como por la situación de violencia generalizada en las prisiones del país, la cual ha ameritado repetidas medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, de acuerdo a la información recibida, la jueza Afiuni tiene diversos problemas de salud que requieren medicación y atención médica que incluye pruebas ginecológicas y oncológicas; y en más de una ocasión se le habría negado acceso a atención médica adecuada.
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXHORTA A LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS A:
- Liberar a la jueza Afiuni y asegurar de forma inequívoca y públicamente su respeto a la labor de los operadores de justicia y su compromiso a respetar y garantizar la independencia del poder judicial.
INFORMACION ADICIONAL
La jueza 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas, María Lourdes Afiuni Mora, se encuentra detenida desde el 10 de diciembre de 2009. Su detención se produjo horas después de que ordenara la liberación condicional de Eligio Cedeño, un banquero acusado de corrupción que se encontraba detenido a la espera de juicio desde hacia dos años y diez meses, en violación de la ley venezolana que establece que la detención preventiva no debe exceder los dos años. La jueza dictó juicio en libertad para Eligio Cedeño acordando su prohibición de salida del país, presentación ante el tribunal cada 15 días y retención del pasaporte. Al parecer, en su decisión tuvo en cuenta la opinión del Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU que el 1 de septiembre de 2009 indico que la detención de Eligio Cedeño era arbitraria al haberse vulnerado el derecho del acusado a un debido proceso, en particular su derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad. El Grupo de trabajo basó su decisión en que el juicio ha[bía] estado paralizado largo tiempo sin que el Gobierno h[ubiera] justificado tal dilación” y en la “larguísima detención preventiva”.
El mismo día en que la jueza Afiuni fuera detenida, Eligio Cedeño viajó a los Estados Unidos donde se encuentra actualmente en libertad a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo político. El 22 de Abril de 2010 el gobierno venezolano solicitó su extradición.
La jueza Afiuni ha sido acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir”, cargos que conllevan penas de entre cinco y ocho años de prisión. La acusación en su contra se produjo el 11 de diciembre de 2009, el mismo día que el Presidente Hugo Chávez realizara las siguientes declaraciones en un programa de televisión y radio en el que se encontraba presente la Fiscal General: “Bueno, está presa y yo exijo dureza contra esa jueza incluso le dije a la presidenta del Tribunal Suprema de Justicia [Luisa Estela Morales]... y así lo digo a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho, mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo... habrá que meterle pena máxima...treinta años de prisión pido yo, por la dignidad del país”. “Yo pido que se le aplique todo el peso de la ley...yo pido pena máxima para jueces que se presten a vagabunderías como esta... y no en una oficina por ahí, donde debe estar es en una prisión”.
La jueza Afiuni se encuentra recluida hasta la fecha en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, Los Teques, Estado de Miranda. Su defensa habría apelado en dos ocasiones la decisión de mantenerla en prisión a la espera de juicio. En ambos casos, la apelación fue negada.
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